En junio, Bruselas puso sobre la mesa cuatro niveles de soberanía para la contratación pública europea. Escribimos sobre ello aquí. Desde entonces, la propuesta de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA) ha entrado en la maquinaria legislativa, y la maquinaria ha empezado a devolver dictámenes.
El primer dictamen institucional de verdadero peso llegó el 23 de septiembre. El Comité Económico y Social Europeo (CESE), el órgano consultivo que reúne a empresarios, sindicatos y sociedad civil, aprobó en pleno un dictamen sobre la CADA, por 212 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. No es vinculante. Pero dice, con cifras, lo que muchos en el sector venían diciendo en voz baja: tal como está, la propuesta de la Comisión no basta para cambiar quién gana los concursos de nube en Europa.
Dos cifras resumen el dictamen. Quince y cuarenta. Y el veinticinco por ciento: aspiración u obligación.
Quince puntos sobre ciento veinte
La propuesta de la Comisión no obliga a nadie a comprar europeo. Lo que hace es permitir que los organismos públicos, al puntuar las ofertas, otorguen puntos por lo que denomina “valor añadido de la Unión”: que el proveedor sea europeo, opere desde Europa y no esté sujeto a leyes de terceros países que le obliguen a entregar datos. El considerando 67 de la propuesta limita esa ponderación a 15 puntos sobre 120. Poco más del 12 % de la puntuación.
Quien haya concurrido a un concurso público sabe lo que eso vale. Un proveedor con una década de ventaja en escala, catálogo y referencias recupera 15 puntos sin esfuerzo en los 105 restantes. El criterio existe, figura en el pliego de condiciones y no decide nada.
El CESE dice exactamente eso. La enmienda 3 del dictamen propone elevar el límite a 40 puntos sobre 120, un tercio de la puntuación, con el argumento de que 15 puntos “no pueden influir de forma significativa en los resultados de la contratación a la escala necesaria para revertir la dependencia del mercado”. Con 40 puntos, la soberanía deja de ser un criterio de desempate y pasa a ser un criterio que un proveedor no europeo no puede compensar en el resto.
La diferencia entre las dos cifras es la diferencia entre una ley que señala y una ley que redistribuye.
Veinticinco por ciento: aspiración u obligación
La segunda cifra es la cuota para pymes. La propuesta de la Comisión dice que los Estados miembros deben procurar que al menos el 25 % de la contratación pertinente de nube e IA se adjudique a pymes innovadoras. “Procurar” es la palabra que vacía la frase. No hay sanción, ni métrica, ni plazo.
En la recomendación 1.9, el CESE pide que el objetivo pase a ser un “requisito compartido”, con incentivos concretos de aplicación: dividir los contratos en lotes que una empresa mediana pueda atender y condiciones de calificación simplificadas. Es la parte del dictamen que más importa a quien presta servicios de nube, alojamiento o correo electrónico desde Portugal, o desde cualquier otro Estado miembro, sin ser un grupo de telecomunicaciones.
La razón es aritmética. Un concurso público para una plataforma de correo electrónico de 40.000 buzones puede ganarlo un gran operador y prestarlo un proveedor pequeño, como ocurrió con la Ordem dos Advogados, el Colegio de Abogados de Portugal. Pero un concurso diseñado como lote único, con una facturación mínima de decenas de millones, ni siquiera deja pasar a la pyme del primer criterio. La cuota del 25 % solo funciona si obliga a diseñar los concursos de otra manera. Eso es lo que pide el CESE.
El dictamen añade tres peticiones que no llevan cifra pero sí tienen peso. Que la infraestructura de nube sea una prioridad protegida en el próximo marco financiero plurianual, con el Banco Europeo de Inversiones movilizando capital privado. Que las zonas de aceleración de centros de datos, donde los permisos serán más rápidos, tengan evaluaciones obligatorias de impacto social y ambiental y una consulta pública real. Y que el seguimiento del reglamento mida si las instituciones públicas han ganado capacidad para operar sus sistemas de forma independiente, no solo si han cambiado de proveedor.
En qué punto está el proceso
El dictamen del CESE no decide nada por sí solo. Las decisiones corresponden al Parlamento Europeo y al Consejo, y ambos empezaron a trabajar en septiembre.
En el Parlamento, el 17 de septiembre, el expediente (procedimiento 2026/0138(COD)) se asignó conjuntamente a las comisiones de Industria (ITRE) y de Mercado Interior (IMCO), con las de Asuntos Jurídicos y Libertades Civiles como comisiones de opinión. Los ponentes son Diego Solier, del grupo ECR, para ITRE, y Reinier van Lanschot, de los Verdes, para IMCO. Van Lanschot ha declarado públicamente que quiere cerrar las negociaciones con el Consejo a finales de 2027.
En el Consejo, el Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se reunió sobre la CADA los días 3, 8, 10, 15 y 22 de septiembre. Cinco reuniones en un mes es el ritmo de un expediente prioritario.
Qué significa esto en la práctica: no habrá texto definitivo antes de 2027, la aplicación no llegará antes de 2028, y las cifras del considerando 67 y la cuota del 25 % se negociarán línea a línea. El dictamen del CESE es la primera posición institucional que pide que suban. No será la última: Alemania y Francia, que ya están cambiando de software en sus administraciones públicas, tienen interés en criterios más exigentes, y los países donde los hiperescaladores más invierten en centros de datos tienen interés en lo contrario.
Qué significa esto para los organismos públicos portugueses
Por una coincidencia de calendario, Portugal se encuentra en una posición curiosa. El 1 de octubre entró en vigor la mayor revisión del Código de Contratos Públicos desde 2017, el Decreto-ley 177/2026. El umbral de adjudicación directa de bienes y servicios subió a 75.000 €, el de consulta previa a 130.000 €, se creó una nueva “consulta previa especial” para proyectos de transformación digital y el nuevo artículo 54-A permite reservar contratos a pymes y startups certificadas.
Dicho de otro modo, la ley portuguesa ya tiene la herramienta que el CESE pide para que funcione la cuota del 25 %: reservar contratos a las pymes. Lo que le falta es cualquier criterio de preferencia europea o de soberanía. El Decreto-ley 177/2026 no usa la palabra ni una vez. La ponderación del “valor añadido de la Unión”, sean 15 o 40 puntos, solo llegará a los pliegos portugueses cuando la CADA se adopte y se aplique.
Hasta entonces, está el Plan Nacional de Nube Soberana, aprobado en mayo, que clasifica los procesos de la administración pública en cuatro niveles (neutro, estándar, crítico y estratégico) y obliga a cada organismo a clasificar los suyos antes del 30 de junio de 2027. La lógica es la misma que la de la CADA: cuanto más sensible es el proceso, más estricto es el requisito de soberanía. La diferencia es que el plan portugués aún no ha convertido esos niveles en criterios de puntuación de ofertas, y ahí es donde acabarán aterrizando los 15 o 40 puntos.
Para un ayuntamiento, un centro educativo o un instituto público que lance un concurso de correo electrónico, alojamiento o colaboración en los próximos dieciocho meses, la pregunta práctica es sencilla. ¿Durará el contrato más que el proceso legislativo de la CADA? Si es así, el pliego ya debería preguntar al proveedor dónde están los datos, a qué jurisdicción responde, quién es el titular de su capital y si el servicio sigue funcionando si un gobierno extranjero decide que no debe hacerlo. Son las preguntas que Europa está a punto de empezar a puntuar. Hacerlas ahora no cuesta nada.
Voces críticas
El dictamen tiene límites que conviene señalar. El CESE es consultivo; el Parlamento y el Consejo pueden ignorarlo por completo, y a menudo lo hacen. La industria estadounidense, a través de la CCIA, ya ha calificado la CADA de “discriminatoria” y ha advertido de una fragmentación del mercado; elevar la ponderación de 15 a 40 puntos intensificará esa presión, y no es seguro que los Estados miembros con más inversión de hiperescaladores lo acepten. Hay también una crítica europea: los puntos no crean capacidad. Un criterio de soberanía que valga un tercio de la puntuación solo sirve si hay proveedores europeos con escala para ganar, y en muchos segmentos todavía no los hay. El propio CESE lo reconoce cuando pide financiación protegida en el próximo presupuesto plurianual.
Lo que queda
En junio, la Comisión dijo que la soberanía digital empezaría a contar en la contratación pública. En septiembre, el CESE dijo cuánto tenía que contar para marcar la diferencia. En algún punto entre 15 y 40 puntos, a lo largo de 2027, se decidirá si Europa compra nube de otra manera o solo redacta los pliegos de otra manera.
Los 15 puntos son una intención. Los 40 serían una política.
Fuentes
- Dictamen del CESE sobre la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, documento del Consejo ST 13682/2026, 28 de septiembre de 2026
- Ficha de procedimiento 2026/0138(COD), Parlamento Europeo
- Agence Europe: Reinier van Lanschot nombrado ponente en IMCO
- Consejo de la UE: Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 8 de septiembre de 2026
- Propuesta de la Comisión COM(2026) 502, Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, 3 de junio de 2026
- WSGR: resumen de la propuesta de CADA
- CCIA: posición sobre la CADA, junio de 2026
- RNC Advogados: contratación pública, qué cambia el 1 de octubre (Decreto-ley 177/2026, en portugués)
- APDC: la nube soberana del Estado arranca en 2027, niveles y plazos del PNNS (en portugués)
- Sooma: Bruselas propone cuatro niveles de soberanía digital en la contratación pública