El 3 de junio, la Comisión Europea presentó un paquete de medidas destinado a reducir la dependencia tecnológica de la Unión respecto de Estados Unidos y China. El paquete abarca la infraestructura de computación en la nube, los servicios de inteligencia artificial, el software de código abierto y los semiconductores.
Para quienes siguen el debate sobre la soberanía digital en Portugal, un elemento destaca sobre todos los demás por su aplicación práctica: la propuesta introduce cuatro niveles de soberanía digital que las administraciones públicas deberán tener en cuenta al contratar servicios en la nube, en función de la sensibilidad de cada uso. En el nivel más alto, que abarca sectores como la defensa y la sanidad, las empresas no europeas quedan en la práctica excluidas de los contratos públicos.
El objetivo declarado es evitar el escenario que los documentos europeos denominan “kill switch”: el riesgo de que un gobierno extranjero pueda, de un momento a otro, dejar a hospitales o sistemas críticos sin los servicios de los que dependen.
El punto de partida
Las cifras que hay detrás de la iniciativa son conocidas, pero su magnitud sigue sorprendiendo. Amazon, Microsoft y Google concentran en torno al 80 % del mercado europeo de computación en la nube, lo que deja a los proveedores establecidos en la Unión en una posición marginal. Según la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de la cartera, aproximadamente el 80 % de la tecnología utilizada en Europa procede de fuera del continente.
La vicepresidenta subrayó la dimensión política del problema, al señalar que la geopolítica y la tecnología se han vuelto inseparables y que Europa debe asegurarse un papel de liderazgo en la innovación. El objetivo declarado es lograr resultados visibles de aquí a 2030.
El episodio que aceleró el debate
El paquete no surgió de un debate abstracto. Una de las advertencias más contundentes para los responsables europeos llegó cuando la Corte Penal Internacional, tras dictar una orden de detención contra el primer ministro israelí, vio cómo sus funcionarios eran objeto de sanciones estadounidenses y perdían el acceso a servicios cotidianos prestados por empresas estadounidenses.
Fue la demostración más clara posible de un argumento que hasta entonces circulaba sobre todo en documentos técnicos: la dependencia de infraestructuras extranjeras no es solo una cuestión de mercado, es una cuestión de capacidad de funcionamiento.
Qué significa esto para las organizaciones portuguesas
La propuesta sigue ahora el proceso legislativo europeo y tardará en surtir efecto. Pero la dirección es inequívoca y converge con lo que ya está en marcha en Portugal. El Plan Nacional de Nube Soberana, aprobado en mayo de 2026, se basa exactamente en la misma lógica: clasificar los procesos y los datos por criticidad y exigir distintos niveles de soberanía según esa clasificación.
Para un organismo público portugués, la lectura práctica es sencilla. Clasificar los datos por criticidad y exigir soberanía en la contratación ya no son una cuestión de principios: son ahora la dirección marcada en Bruselas y en Lisboa. Quienes estructuren sus procedimientos en consecuencia desde ahora estarán alineados con un marco que está en camino, en lugar de tener que adaptarse a él más tarde.
Para Sooma, cuya infraestructura está íntegramente en la Unión Europea, con los servidores en Portugal y las copias de seguridad en Alemania, fuera del alcance de las leyes de terceros países, el paquete confirma el marco en el que la empresa opera desde 2018. Un debate que durante años se trató como una preferencia ideológica se trata ahora como un requisito de contratación.
Voces críticas
No todas las reacciones fueron entusiastas, y conviene señalarlo. En el Parlamento Europeo hubo tanto apoyo al enfoque, calificado de audaz y pragmático por algunos eurodiputados, como reservas sobre si va lo bastante lejos. La crítica más frecuente es que la regulación por sí sola no crea capacidad: sin inversión en infraestructura propia europea, la preferencia europea en las licitaciones corre el riesgo de no tener dónde materializarse.
Es una objeción legítima, y se aplica igualmente a Portugal. Un requisito de soberanía en los pliegos de condiciones solo es útil si existen proveedores nacionales y europeos capaces de cumplirlo con un servicio equivalente.