Durante quince años, la soberanía digital europea fue sobre todo un tema de conferencias. Hubo declaraciones, informes y planes de acción, y al final de cada ciclo la administración pública seguía firmando los mismos contratos con los mismos proveedores.
Algo ha cambiado. No en la retórica, que ya abundaba, sino en la ejecución. Alemania y Francia han empezado a sustituir software en producción, con presupuestos asignados, plazos vinculantes y usuarios reales. Merece la pena ver qué están haciendo, porque es la experiencia más avanzada de Europa y porque las lecciones son transferibles, incluso para quien no es el Estado.
Alemania: una empresa pública para construir la alternativa
El enfoque alemán empezó con una decisión poco habitual. En lugar de pedir al mercado una alternativa a las suites estadounidenses, el Estado creó una entidad para construirla.
El Zentrum für Digitale Souveränität, conocido como ZenDiS, fue creado en 2022 por el Ministerio del Interior como sociedad de responsabilidad limitada propiedad del Estado federal, con sede en Bochum. Su función es coordinar el desarrollo de openDesk, un conjunto de herramientas ofimáticas y de colaboración de código abierto: correo electrónico, calendario, documentos compartidos, videoconferencia, gestión de archivos y mensajería.
Un detalle que revela la filosofía: el equipo de ZenDiS es pequeño, unas cincuenta personas, y es intencionado. La entidad no quiere ser un proveedor estatal de TI más. Quiere integrar proyectos abiertos existentes y contratar a la economía europea del código abierto para desarrollarlos. openDesk es la integración de nueve proyectos independientes, cada uno con su propia comunidad y su propio ciclo de vida.
La adopción tiene nombres concretos:
- La empresa La Bundeswehr, a través de su empresa de sistemas de información, firmó en 2025 un contrato marco de siete años para utilizar openDesk como su puesto de trabajo digital soberano.
- El Instituto Robert Koch, la autoridad nacional de salud pública, lo utiliza con unos siete mil usuarios.
- El El estado federado de Schleswig-Holstein convirtió decenas de miles de puestos de trabajo y, en 2025, completó la migración del correo electrónico de toda su administración a soluciones abiertas.
- En Baden-Württemberg, cerca de sesenta mil docentes empezaron a utilizar la plataforma en el ámbito educativo.
- El La Corte Penal Internacional, tras ser objeto de sanciones estadounidenses, anunció en octubre de 2025 que sustituiría la suite de Microsoft por openDesk.
Este último caso merece una nota. No es un ejercicio de política industrial. Es una institución que descubrió, de la peor manera posible, que su capacidad de funcionar dependía de decisiones tomadas en otra jurisdicción.
En el plano normativo hubo dos pasos igualmente importantes. En marzo de 2026, el ministerio responsable y la asociación alemana de la industria digital acordaron cláusulas contractuales estandarizadas para la contratación de soluciones de código abierto, eliminando un obstáculo práctico que frenaba muchas licitaciones. Y la Federación y los Länder se comprometieron a ofrecer alternativas soberanas al software propietario de puesto de trabajo antes de marzo de 2027, con la administración federal apuntando a octubre de 2028.
Francia: la suite del Estado, construida a la vista de todos
Francia siguió otro camino, más cercano al producto y menos centrado en la ingeniería institucional. La Dirección Interministerial de lo Digital desarrolló La Suite numérique, un conjunto de herramientas abiertas para los empleados públicos: mensajería instantánea cifrada, videoconferencia, un editor colaborativo de documentos, almacenamiento y correo electrónico, accesibles mediante inicio de sesión único.
Las cifras son lo que distingue al caso francés. Más de quinientos mil empleados públicos activos al mes, en unos quince ministerios y muchas otras administraciones. La plataforma de mensajería ha superado los seiscientos mil usuarios registrados. El código está publicado y cualquiera puede inspeccionarlo, sin contrato y sin cuenta.
Y hay un aspecto de especial interés para quien observa esto desde un Estado miembro más pequeño: algunos de estos productos se construyeron mediante la cooperación entre las administraciones de varios Estados miembros. El editor colaborativo de documentos nació del trabajo conjunto de las administraciones francesa y alemana, con participación neerlandesa. No es un producto nacional para exportar. Es un bien común europeo, desarrollado conjuntamente y reutilizable por cualquiera que lo desee.
A esto se suma la doctrina francesa de la nube, en vigor desde 2021, que reserva los sistemas del Estado que manejan datos sensibles a infraestructuras cualificadas inmunes a la legislación no europea. Fue esta doctrina la que, en la práctica, frenó la migración de los ministerios franceses a las suites en la nube estadounidenses.
Lo que tienen en común estos casos
Tres cosas, y ninguna es tecnológica.
Primera: dejaron de tratar el asunto como una preferencia y empezaron a tratarlo como un requisito. Mientras la soberanía sea un criterio de desempate en una licitación, siempre pierde frente al precio y la costumbre. Cuando se convierte en condición de admisibilidad, el mercado se adapta.
Segunda: resolvieron el problema de la contratación antes que el problema del software. Las cláusulas contractuales estandarizadas en Alemania y la cualificación obligatoria en Francia fueron más decisivas que cualquier funcionalidad. La mayoría de las administraciones no estaban bloqueadas por falta de alternativa. Estaban bloqueadas por falta de una forma de comprarla.
Tercera: construyeron juntos. En lugar de que cada país financiara su propia versión del mismo editor de texto, compartieron el desarrollo. Es la única forma de que la escala europea compita con la escala estadounidense.
La parte honesta: esto todavía está empezando
Es mejor no confundir aceleración con conclusión.
En abril de 2026, una respuesta del Gobierno alemán al Parlamento cifró el número de licencias de openDesk en unas ochenta mil, sobre aproximadamente 4,7 millones de empleados de la función pública federal. Es menos del dos por ciento. En Francia, pese a las cifras de adopción, varias herramientas siguen en fase de despliegue y el acceso está restringido a los empleados del Estado.
También hay dificultades reales que quienes venden soberanía tienden a no mencionar: integrar nueve proyectos independientes significa nueve ciclos de actualización y nueve fuentes de incidencias. Formar a decenas de miles de personas acostumbradas a otra interfaz lleva tiempo y paciencia. Y hay resistencia interna, como siempre la hay.
Nada de esto invalida la dirección. Simplemente muestra que el cambio ocurre por capas, a lo largo de años, y que quien empiece más tarde tardará lo mismo.
Qué significa esto para una organización europea
Pocas organizaciones son lo bastante grandes para construir su propia suite. Pero hay tres lecciones que se aplican a cualquier organismo público o empresa de Europa.
Empiece por el correo electrónico. No es casualidad que tanto Alemania como Francia empezaran por las comunicaciones. Es el sistema más crítico, el más expuesto y, paradójicamente, el más fácil de cambiar, porque se basa en protocolos abiertos que cualquier proveedor admite. Un buzón se puede migrar. Un sistema de gestión documental con quince años de personalizaciones, no.
Exija protocolos abiertos, no promesas. La razón por la que estas migraciones son posibles es que los protocolos de correo electrónico, calendario y contactos son estándares públicos. Quien depende de formatos cerrados está atrapado, sea cual sea la jurisdicción del proveedor.
Trate la jurisdicción como un requisito en los pliegos de condiciones. Es la lección más transferible de todas. No hace falta esperar a los planes nacionales para escribir, en el próximo procedimiento, que el proveedor debe estar sujeto exclusivamente al Derecho de la UE.
Alemania y Francia no descubrieron una nueva tecnología. Descubrieron que el obstáculo nunca fue técnico.